El presidente de EEUU se acogerá a una sentencia judicial del miembro de los Beatles para retrasar la deportación de 3,5 millones de sin papeles
Barack Obama se quitó ayer la chaqueta, se apoyó cómodamente sobre la mesa de su despacho y miró a la cámara. «¡Hola a todos! Mañana por la noche (por esta noche) voy a anunciar, desde aquí en la Casa Blanca, algunos pasos que puedo dar para empezar a arreglar este sistema migratorio que no funciona, y el viernes viajaré al instituto Del Sol en Las Vegas donde hace dos años presenté los principios que deberían guiar una reforma migratoria».
Era lo que temían escuchar los republicanos en el Congreso, que han prometido «luchar con uñas y dientes» contra Obama si decidía adelantarse a su promesa de legislar este tema el año que viene. Obama cree que ya les ha dado demasiado tiempo, por lo que prefiere cumplir con su promesa ante los hispanos. La oposición amenaza con usar todas las armas a su alcance, desde no aprobar los presupuestos y provocar otro cierre de gobierno, hasta boicotear a cada cargo que Obama intente confirmar en el Senado, pero la más popular entre los conservadores es demandarle por abusar de su poder.
El propio Obama ha dicho en 22 ocasiones que no tiene autoridad para actuar sin el Congreso porque «soy el presidente de EEUU, no el emperador», dijo a Univisión el año pasado. John Bohener y Mitch McConnell, líderes del Congreso, pretenden recordárselo en los tribunales si es necesario. Los abogados de la Casa Blanca lo saben, por eso llevan desde el verano estudiando las bases legales que justificarían la intervención del presidente en el sistema migratorio.
«Se encontrarán con que lo que el presidente haga estará en línea con lo que han hecho otros presidentes de ambos partidos para lidiar con el sistema migratorio. Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Reagan y ambos Bush, todos tomaron acciones ejecutivas para afrontar lo que ellos mismos calificaron como un sistema de inmigración averiado», dijo el portavoz de la Casa Blanca Josh Earnest.
Para Nixon era una vendetta política más. Lennon iba a ser la estrella de un concierto de protesta paralelo a la convención republicana en la que esperaba ser coronado para la reelección en San Diego. Hurgando en el pasado del cantante de los Beatles, al que detestaba, sus hombres descubrieron que podían aferrarse a un cargo menor por posesión de cannabis (cuya resina da origen al hachís), que pesaba contra él en Reino Unido, y a una cláusula migratoria que declara ilegales a los consumidores de marihuana.
Poder discrecional
La primera estrategia de Lennon fue convencer al tribunal de que «el cannabis no es marihuana, ¡es mucho mejor!», dijo célebremente. Y aunque después de escuchar a la ristra de expertos la Junta de Apelaciones reconoció que «el argumento tiene cierto atractivo técnico», sus miembros decidieron que «no nos convence».
Fue entonces cuando el abogado del cantante, Leon Wildes, que nunca antes había escuchado hablar de John Lennon, descubrió que Inmigración había invocado su poder discrecional en 1.843 casos de un programa secreto para diferir la deportación de emigrantes que no consideraba prioritaria. Eso sirvió de base para argumentar que alguien que trabaja honradamente en el país durante un número de años sin cometer delito alguno no debe ser expulsado.
Ese es el precedente en el que se apoyaron después todos los presidentes para facilitar la unidad familiar de los inmigrantes establecidos en EEUU, y a la que presumiblemente se acogerá también Obama si alguien reta su autoridad para diferir la deportación de hasta 3,5 millones de inmigrantes ilegales que han tenido hijos en el país hace al menos cinco años. Algunas fuentes hablan de que eso podría amparar también a los padres de los 'soñadores', un término aplicado a los jóvenes que llegaron de niños de la mano de sus padres, y se han buscado un porvenir estudiando o en las Fuerzas Armadas, sin meterse nunca en problemas con la ley. Una posibilidad que entusiasma al abogado de 81 años.
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